DICAF

En los últimos años se han producido avances notables en la estimación del riesgo asociado a la exposición al humo ambiental de tabaco (HAT), hasta situarlo entre las principales causas de mortalidad evitable en los países desarrollados. Entre los principales efectos sobre la salud del tabaquismo pasivo se encuentran el cáncer de pulmón, las cardiopatías isquémicas, enfermedades respiratorias y otras que afectan específicamente a la salud de los niños como el síndrome de muerte súbita del lactante. España es uno de los países con mayor exposición declarada al HAT entre la población general. Esta situación se debería tanto a la elevada prevalencia de fumadores activos como la debilidad de los mecanismos de control y aplicación de la normativa vigente en materia de regulación de espacios sin humo. La exposición involuntaria al HAT cobra especial importancia en el ámbito laboral. Una exposición continuada, incluso en niveles relativamente bajos, puede tener consecuencias especialmente graves. Aunque los datos son aún escasos y hacen falta más estudios que nos ayuden a precisar la magnitud del problema, las investigaciones realizadas hasta el momento confirman que el tabaquismo pasivo es un problema de salud pública relevante en nuestro país. El Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo ha establecido una serie de objetivos específicos: regular el consumo de tabaco en todos los ámbitos públicos en el 2004, y que en 2005 al menos el 70% de las empresas dispongan de espacios libres de humo y el 75% de la población considere que el tabaco es menos aceptado en su entorno social. Para conseguir estos objetivos será imprescindible una serie de actuaciones en diversos ámbitos. Por un lado, medidas encaminadas a reducir la prevalencia de fumadores activos, por otro lado, habrá que impulsar medidas que desarrollen y refuercen la legislación en defensa del derecho a la salud de los no fumadores mediante la regulación de ""espacios sin humos"". En este aspecto es muy importante destacar que la existencia de la ley no puede por sí sola solucionar el problema, sino que debe ir acompañada de una adecuada educación al ciudadano, de una continua vigilancia y monitorización.